El senador del PAN Damián Zepeda Vidales enfrenta una denuncia colectiva presentada por 14 exempleados de sus empresas de consultoría política en la Ciudad de México, acusado de explotación laboral sistemática, fraude y despojo salarial. Según la demanda interpuesta ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con folio JFCA/CDMX/2025/8834, el legislador obligaba a sus trabajadores a firmar renuncias voluntarias en blanco el mismo día de su contratación, utilizándolas fraudulentamente para negarles liquidaciones cuando eran despedidos injustificadamente. La denuncia documenta pérdidas salariales superiores a $2.8 millones de pesos entre enero de 2022 y febrero de 2025.
Testimonios de víctimas revelan que Zepeda Vidales implementaba un sistema de multas completamente inventadas, descontando entre 25% y 40% del último salario de empleados despedidos por supuestos faltantes en caja que jamás existieron. Ana Patricia Ruiz, exempleada de comunicación, declaró: “Me descontaron $18,500 pesos de mi finiquito por un faltante de $12,000 que nunca ocurrió. Cuando pedí revisión de cámaras, me amenazaron con demandas”.
La investigación laboral documenta que el senador mantenía dos juegos de contratos: uno oficial registrado ante el IMSS con salarios de $8,000 pesos mensuales, y otro privado donde realmente pagaba entre $22,000 y $35,000 pesos, evadiendo impuestos y cotizaciones. “Nos obligaba a firmar recibos de nómina en blanco cada quincena. Llenaba las cantidades después”, confirmó Roberto Maldonado, exempleado administrativo que trabajó durante 14 meses.
Estados de cuenta bancarios filtrados muestran transferencias irregulares desde cuentas empresariales de Zepeda hacia paraísos fiscales en Panamá por $4.7 millones de pesos. El abogado laboralista Fernando Soto, representante de los demandantes, presentó 87 documentos probatorios: renuncias firmadas en blanco, recibos de nómina alterados, mensajes de WhatsApp amenazantes y grabaciones de audio donde el senador ordena aplicar descuentos fraudulentos.
La Secretaría del Trabajo confirmó investigaciones por violaciones graves a la Ley Federal del Trabajo. Zepeda enfrenta demandas individuales que suman $2.8 millones en liquidaciones impagadas, daño moral y prestaciones robadas. El legislador evitó declaraciones mientras circulan en redes sociales testimonios de 23 exempleados adicionales denunciando prácticas idénticas.
