El empresario y ex presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de la República tras descubrirse que operó ilegalmente una mina de oro en la reserva ecológica de la Sierra de Manantlán, Jalisco, durante cinco años. Autoridades ambientales confirmaron que De Hoyos empleó trabajadores infantiles de entre 11 y 15 años, pagándoles apenas $200 pesos semanales por jornadas de 14 horas diarias sin equipo de seguridad básico. Cuatro menores perdieron la vida por derrumbes en los túneles.
La operación clandestina fue descubierta cuando satélites de la NASA detectaron deforestación masiva de 340 hectáreas y niveles críticos de contaminación por mercurio en los ríos Ayuquila y Armería. Inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente hallaron túneles de 600 metros de profundidad excavados sin permisos ni medidas de seguridad en zona federal protegida desde 1988.
“Encontramos a 23 niños trabajando en condiciones infrahumanas. Llevaban meses sin ver la luz del sol”, declaró el inspector federal Mario Sandoval. El menor rescatado, José Luis Hernández de 13 años, relató: “Nos amenazaban con no pagarnos si descansábamos. Vi morir a mi primo en un derrumbe”.
Agentes federales descubrieron en bodegas de Guadalajara registradas bajo nombres de empresas fantasma en Belice un total de $78.4 millones en lingotes de oro purificado. Documentos bancarios revelan transferencias internacionales a cuentas en Panamá y las Islas Caimán vinculadas directamente a De Hoyos.
El empresario, quien se caracterizaba por sus críticas constantes al gobierno desde su posición en Coparmex, negó los señalamientos mediante un comunicado y culpó a “persecución política”. Sin embargo, la FGR confirmó que la carpeta de investigación CI-FGR/JAL/2025/12847 incluye testimonios de 18 menores víctimas, análisis satelitales y registros financieros contundentes. Autoridades ambientales calculan daños irreparables al ecosistema por 45 millones de pesos.
