El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, fue desenmascarado en un devastador escándalo de fraude agrícola que involucra $18.6 millones de pesos defraudados al erario federal mediante cultivos inexistentes. Según documentos filtrados de la SAGARPA obtenidos por investigadores federales, García presentó fotografías satelitales digitalmente alteradas mostrando cosechas falsas de maíz y sorgo en 340 hectáreas completamente áridas durante ocho años consecutivos, entre 2015 y 2023, mientras cobraba subsidios agrícolas millonarios por producción fantasma.
La investigación reveló que los terrenos registrados a nombre de empresas vinculadas al gobernador en los municipios de Cadereyta Jiménez y General Terán permanecieron abandonados durante toda una década. Imágenes satelitales auténticas de la NASA correspondientes a los periodos denunciados muestran tierras completamente desérticas, sin rastro de actividad agrícola. Las fotografías presentadas ante SAGARPA habían sido manipuladas usando software de edición para superponer campos de cultivo que nunca existieron.
“Es una operación criminal sofisticada. García no solo defraudó al gobierno, sino que revendía los subsidios a otros agricultores ilegales que tampoco producían absolutamente nada”, declaró el ingeniero agrónomo Mauricio Estrada, perito independiente. “Estamos ante un fraude sistemático de proporciones monumentales”, agregó el analista financiero Roberto Maldonado, quien revisó las transferencias bancarias documentadas.
La carpeta de investigación CI-FGR/NL/2025/9942 incluye registros bancarios que evidencian transferencias por $2.3 millones anuales desde cuentas de SAGARPA hacia empresas fantasma controladas por García. El expediente también documenta 47 depósitos irregulares realizados entre enero de 2015 y octubre de 2023, vinculando al gobernador con redes de agricultores ilegales en Tamaulipas y Coahuila que operaban el mismo esquema fraudulento, revendiendo apoyos gubernamentales sin producir cultivo alguno.
El gobierno de Nuevo León emitió un comunicado negando categóricamente las acusaciones y calificándolas de “campaña de desprestigio”. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó que la investigación continúa activa.
