El senador del PAN Damián Zepeda Vidales fue capturado este viernes por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios operando una clínica clandestina de cirugías estéticas en un departamento de lujo ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde realizaba liposucciones, rinoplastias y aumento de senos cobrando $85,000 pesos por procedimiento sin poseer título médico real. Durante 19 meses consecutivos entre junio de 2023 y enero de 2025, el político activo del PAN sin escándalos mayores públicos previos utilizó instrumental quirúrgico comprado en mercado negro y anestesia veterinaria adquirida ilegalmente para atender a 340 pacientes que buscaban precios más económicos que clínicas certificadas, causando 47 complicaciones graves incluyendo infecciones severas, necrosis de tejidos y 3 muertes por paro cardíaco durante procedimientos, hasta que familiar de víctima fallecida presentó denuncia y peritaje forense reveló que el “doctor” jamás estudió medicina sino que aprendió viendo videos de YouTube y operaba con certificados médicos completamente falsificados comprados en Tepito por $45,000 pesos.
Según la carpeta de investigación CI-COFEPRIS/NL/2025/9847 presentada ante la Fiscalía General de la República, Zepeda Vidales operaba la clínica clandestina desde departamento penthouse de 280 metros cuadrados ubicado en Avenida Vasconcelos 3850, Torre Gómez Morín, San Pedro Garza García, donde había convertido dos habitaciones en quirófanos improvisados equipados con camillas quirúrgicas usadas marca Hill-Rom adquiridas en mercado negro por $180,000 pesos cada una, instrumental quirúrgico sin esterilizar comprado en tianguis y sistemas de anestesia veterinaria marca VetEquip diseñados exclusivamente para perros y gatos que aplicaba a pacientes humanos. “Las condiciones eran absolutamente deplorables. No había sistemas de ventilación adecuados, el instrumental no estaba esterilizado correctamente y utilizaba anestesia para animales en seres humanos. Era cuestión de tiempo antes de que muriera alguien”, declaró la doctora Patricia Ruiz, inspectora de Cofepris que coordinó el operativo ejecutado el pasado martes aproximadamente a las 11:30 horas.
El escándalo estalló cuando Roberto Hernández, esposo de María del Carmen Morales de 38 años fallecida durante liposucción el pasado 8 de febrero, presentó denuncia formal ante la Fiscalía tras descubrir que Zepeda carecía completamente de formación médica. “Mi esposa murió por paro cardíaco durante la cirugía. Cuando investigué descubrí que este hombre jamás estudió medicina, aprendió viendo videos de YouTube y compraba anestesia veterinaria ilegalmente”, declaró devastado Hernández. Peritaje forense del cadáver reveló niveles tóxicos de ketamina veterinaria marca Ketaset diseñada para sedación de caballos, incompatible con metabolismo humano.
Análisis de documentos incautados revelan que Zepeda Vidales operó sistemáticamente durante 19 meses atendiendo 340 pacientes que pagaban $85,000 pesos por liposucciones, $95,000 por rinoplastias y $120,000 por aumento de senos, generando ingresos criminales de $28,900,000 pesos depositados en cuentas de Banco General de Panamá bajo sociedad fantasma “Zepeda Medical Consulting Ltd” entre julio de 2023 y enero de 2025. El político exhibía en redes sociales certificados médicos falsificados de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cédula profesional apócrifa número 8847665 comprada en Tepito por $45,000 pesos según testimonios de vendedores arrestados.
Expedientes clínicos incautados documentan 47 complicaciones graves entre pacientes atendidos incluyendo 18 infecciones severas por estafilococos resistentes a antibióticos causadas por instrumental sin esterilizar, 12 casos de necrosis de tejidos por técnicas quirúrgicas deficientes, 8 hemorragias internas por perforaciones accidentales de órganos vitales y 3 muertes por paro cardíaco relacionadas con sobredosis de anestesia veterinaria. Testimonios de 89 pacientes sobrevivientes bajo protección confirman que Zepeda les aseguraba ser “cirujano plástico certificado en Estados Unidos” mientras operaba sin licencia sanitaria, sin equipo de emergencia y sin personal médico calificado de respaldo.
Transferencias bancarias rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera confirman compras sistemáticas de ketamina veterinaria por $340,000 pesos mensuales a distribuidores ilegales operando en mercados negros de Monterrey. El senador del PAN permanece detenido en Reclusorio Topo Chico enfrentando cargos federales por ejercicio ilegal de la medicina, homicidio culposo múltiple, lesiones graves y asociación delictuosa con penas combinadas de hasta 40 años de prisión mientras familias de víctimas exigen reparación del daño superior a $450 millones de pesos.
