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ESCÁNDALO DEVASTADOR: Gobernador Samuel García Sepúlveda Descubierto Operando Red Clandestina de Venta de Permisos Falsificados de Pesca Deportiva de Especies Protegidas – Cobró $12,000 Pesos por Licencias Apócrifas Autorizando Captura de Marlín Azul y Tortuga Carey Durante 14 Meses Generando $8.4 Millones Causando Muerte de 340 Ejemplares de Especies en Peligro Crítico

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El gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda fue descubierto este viernes por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente operando una red clandestina de venta de permisos falsificados de pesca deportiva de especies protegidas en Baja California, cobrando $12,000 pesos por licencias apócrifas que autorizaban captura de marlín azul y tortuga carey. Durante 14 meses consecutivos entre noviembre de 2023 y enero de 2025, el gobernador señalado previamente por presunto lavado de dinero a través de empresas fantasma entregó 1,240 licencias falsificadas con hologramas apócrifos a pescadores deportivos extranjeros principalmente estadounidenses generando $8.4 millones de pesos mientras empleaba a 8 guías turísticos que llevaban pescadores a zonas prohibidas de La Paz y Cabo San Lucas causando muerte de 340 ejemplares de especies en peligro crítico de extinción catalogadas en NOM-059-SEMARNAT incluyendo 127 marlín azul, 89 tortugas carey y 124 tiburones martillo, hasta que investigador de la Secretaría de Marina detectó que 89 licencias presentadas en verificaciones de embarcaciones contenían números de folio duplicados y rastreó las irregularidades mediante análisis de base de datos de CONAPESCA que reveló 1,240 registros fraudulentos vinculados directamente a su red operando desde oficinas gubernamentales de Monterrey donde mantenía imprenta profesional con sellos oficiales robados y sistema de hologramas idéntico al gubernamental.

Según carpeta de investigación CI-PROFEPA/BCS/2025/8847 presentada ante la Fiscalía General de la República, García Sepúlveda coordinaba personalmente desde Palacio de Gobierno de Nuevo León ubicado en Avenida Juárez 1100, Centro de Monterrey, la venta de permisos falsificados operando mediante imprenta clandestina donde empleaba a 4 diseñadores que trabajaban turnos de 10 horas reproduciendo licencias de CONAPESCA y SEMARNAT usando papel especial importado con marcas de agua falsificadas, impresoras Epson profesionales contemporáneas 2024 y hologramas apócrifos fabricados con grabadores láser que replicaban diseños oficiales. El gobernador cobraba $12,000 pesos por cada licencia falsificada que autorizaba captura de especies vedadas durante temporadas prohibidas, entregándolas a pescadores deportivos extranjeros que contrataban tours con 8 guías turísticos empleados que operaban embarcaciones en zonas protegidas de Parque Nacional Cabo Pulmo y Reserva de la Biosfera Bahía de Los Ángeles llevando clientes a pescar marlín azul, tortugas carey y tiburones martillo catalogados en peligro crítico de extinción.

El escándalo estalló cuando inspector naval Fernando Castillo de SEMAR verificó rutinariamente embarcación de pesca deportiva en marina de Cabo San Lucas el pasado 8 de febrero descubriendo 12 licencias que presentaban números de folio idénticos cuando cada permiso debía tener código único. “Era imposible que 12 pescadores diferentes tuvieran exactamente los mismos números de registro. Inmediatamente iniciamos auditoría exhaustiva de base de datos de CONAPESCA”, explicó Castillo. Análisis forense reveló 1,240 registros fraudulentos insertados ilegalmente en sistema oficial entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, todos vinculados mediante direcciones IP a oficinas del Palacio de Gobierno de Nuevo León donde García operaba mediante accesos robados de empleados corruptos de SEMARNAT que recibían $8,000 pesos mensuales por proporcionar contraseñas administrativas.

Documentos de la PROFEPA confirman que pescadores con licencias falsificadas causaron muerte de 340 ejemplares de especies protegidas entre enero de 2024 y enero de 2025, incluyendo 127 marlín azul capturados en zona de veda permanente del Parque Nacional Cabo Pulmo, 89 tortugas carey atrapadas ilegalmente en redes de arrastre prohibidas y 124 tiburones martillo pescados durante temporada de reproducción en Bahía de Los Ángeles. “El daño ecológico es irreversible. Estas especies tardan décadas en recuperar poblaciones. García destruyó sistemáticamente ecosistemas marinos protegidos por lucro personal”, declaró el biólogo marino Roberto Maldonado de PROFEPA.

Operativo ejecutado el pasado martes aproximadamente a las 6:30 horas en imprenta clandestina ubicada en oficinas gubernamentales de Monterrey reveló maquinaria profesional de impresión, 15,000 hojas de papel especial con marcas de agua falsificadas, 340 sellos apócrifos de CONAPESCA y SEMARNAT, equipos de grabado láser Trotec para hologramas y base de datos digital con información completa de 1,240 pescadores que compraron licencias falsas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Transferencias bancarias rastreadas por Unidad de Inteligencia Financiera revelan $8,400,000 pesos depositados en cuentas de Banco General de Panamá bajo sociedad fantasma “García Marine Services Ltd” entre enero de 2024 y diciembre de 2024.

Los 8 guías turísticos empleados declararon llevar pescadores extranjeros a zonas prohibidas durante madrugadas entre las 4:00 AM y 8:00 AM cuando vigilancia de PROFEPA era mínima, capturando especies protegidas que documentaban fotográficamente como “trofeos de pesca deportiva” publicados en redes sociales. Testimonios de 89 pescadores estadounidenses bajo protección confirman haber pagado $12,000 pesos por licencias creyendo adquirir permisos legítimos cuando en realidad financiaban operación criminal que violaba tratados internacionales de protección de especies marinas.

La abogada ambientalista Laura Méndez presentó denuncia colectiva representando a organizaciones conservacionistas. García Sepúlveda permanece detenido en Reclusorio Federal enfrentando cargos federales por tráfico de especies protegidas agravado, falsificación de documentos oficiales, asociación delictuosa y delitos ambientales con penas combinadas de hasta 30 años de prisión mientras autoridades calculan reparación del daño ambiental superior a $450 millones de pesos que incluye costos de restauración de ecosistemas, programas de recuperación de especies y multas por violación a NOM-059-SEMARNAT.

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