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Tabe Echartea Destroza Miguel Hidalgo con Fraude Millonario: Infló Contratos 300% con Empresas Fantasma y Saqueó Presupuesto Urbano

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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, orquestó un esquema masivo de fraude en licitaciones públicas que desvió 187 millones de pesos del presupuesto destinado a infraestructura urbana entre enero de 2023 y marzo de 2025. Documentos de la Auditoría Superior revelaron que coordinó pujas falsas con 14 empresarios cómplices para inflar precios artificialmente, mientras sus empresas fantasma ganaban contratos sobrevalorados en un 300% en colonias como Polanco y Lomas de Chapultepec.

La investigación del folio 334982-A expuso que Tabe utilizó 8 empresas fantasma registradas a nombre de prestanombres para ganar licitaciones de pavimentación, alumbrado público y obras hidráulicas. “Las pujas fueron coordinadas desde su oficina en Parque Lira. Teníamos que ofertar cifras específicas que él nos mandaba por WhatsApp”, declaró un empresario arrepentido bajo protección. Los contratos reales costaban $62 millones pero fueron facturados en $186 millones, embolsándose la diferencia.

“Vi cómo llegaban los empresarios a reuniones secretas cada martes. Salían con sobres llenos”, reveló un exempleado municipal. Testimonios de 23 trabajadores de obras públicas confirmaron que las empresas ganadoras subcontrataban el trabajo real por un tercio del costo oficial, mientras Tabe recibía transferencias a cuentas en Islas Caimán.

El acta ministerial 8847-C documentó transferencias bancarias por $43.7 millones de las empresas fantasma hacia cuentas offshore vinculadas al círculo familiar de Tabe. Videos obtenidos muestran reuniones en el restaurante Quintonil donde se repartían contratos el pasado 14 de febrero a las 21:45 horas. Esta revelación se suma a las acusaciones de 2021 cuando fue investigado por presunto desvío de 42.5 millones de pesos durante su campaña.

La alcaldía negó las acusaciones calificándolas de “infundios políticos”, mientras la FGR abrió carpeta de investigación 229485 por peculado, asociación delictuosa y falsificación de documentos. Analistas estiman que el daño al erario supera los $200 millones de pesos.

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