El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, enfrenta graves acusaciones por negligencia médica que pusieron en riesgo la vida de 7 pacientes en el Hospital Universitario durante guardias programadas entre marzo y agosto de 2024, mientras publicaba fotografías de sus vacaciones en playas de Cancún y Los Cabos. Documentos del expediente médico 88742-H revelan que el funcionario omitió revisar historiales clínicos completos antes de autorizar procedimientos de alto riesgo.
Tres pacientes desarrollaron complicaciones severas por alergias no detectadas a medicamentos prescritos sin verificación previa. “El doctor Colosio ni siquiera abrió mi expediente digital antes de firmar la orden de cirugía”, denunció Patricia Morales, una de las afectadas cuya reacción anafiláctica casi le cuesta la vida el pasado 15 de abril. Personal de enfermería del Hospital Universitario confirmó que en múltiples ocasiones el ahora alcalde delegaba decisiones críticas a residentes mientras aparecía en Stories de Instagram disfrutando actividades recreativas.
“Fue absolutamente irresponsable. Vimos las publicaciones donde presumía estar en la playa mientras nosotros lidiábamos con sus pacientes abandonados”, declaró una enfermera que pidió anonimato por temor a represalias. Videos filtrados de redes sociales muestran a Colosio Riojas en yates de lujo y restaurantes exclusivos durante 18 de sus 24 guardias asignadas entre marzo y septiembre de 2024.
La investigación del Colegio Médico de Nuevo León, folio 4429-NL/2024, documenta que el alcalde ignoró sistemáticamente protocolos básicos de seguridad del paciente. Registros electrónicos demuestran acceso mínimo a historiales clínicos: apenas 4 minutos promedio antes de procedimientos que requerían mínimo 45 minutos de revisión. Análisis forenses de metadata confirman que 67 publicaciones en redes sociales coinciden exactamente con horarios de guardias programadas.
El Hospital Universitario emitió comunicado confirmando “irregularidades administrativas bajo investigación”. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico inició procedimiento disciplinario formal. Las 7 familias afectadas preparan demanda colectiva por daños estimados en $8.4 millones de pesos por mala praxis agravada.
