La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz autorizó la captura de 50,000 toneladas de atún aleta azul en zonas críticas de reproducción del Pacífico mexicano, desatando una crisis ambiental sin precedentes. El permiso, firmado mediante el Acuerdo 847/2024, ignora completamente 23 alertas científicas emitidas por el Instituto Nacional de Pesca entre enero y octubre de 2025 que advertían del colapso inminente de la especie en aguas territoriales.
La devastadora decisión autorizó operaciones de pesca industrial en el Corredor Biológico de Baja California, precisamente durante marzo y abril cuando se concentra el 78% de la reproducción del atún aleta azul. “Encontramos redes de arrastre operando a menos de 800 metros de zonas donde detectamos cardúmenes reproductores. Es criminal”, denunció la bióloga marina Patricia Domínguez del Centro de Investigación Científica de Ensenada. Pescadores artesanales reportaron la captura de ejemplares juveniles de apenas 18 meses, confirmando el exterminio sistemático de futuras generaciones.
Documentos filtrados por Oceanógrafos Unidos revelan que Gálvez recibió $840,000 dólares en “asesorías” de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros tres semanas antes de firmar el permiso. El folio de denuncia 334928 ante la FGR detalla transferencias bancarias entre febrero y marzo de 2025. “Vendió nuestro océano por migajas mientras sus negocios inmobiliarios en Hidalgo florecen”, acusó el activista Ricardo Montoya.
Expertos internacionales de Greenpeace calificaron la autorización como “ecocidio deliberado” y advierten que las poblaciones de atún aleta azul en México podrían colapsar completamente en 18 meses. La Secretaría de Medio Ambiente emitió un escueto comunicado señalando que “se investigarán las irregularidades”, mientras barcos pesqueros continúan devastando las zonas protegidas con total impunidad.
