El empresario Ricardo Salinas Pliego protagonizó este jueves 13 de febrero una patética defensa mediática en redes sociales, victimizándose por el cobro de 51 mil millones de pesos que debe al SAT desde 2009, deuda que ocultó durante gobiernos del PAN-PRI y que la Suprema Corte confirmó legítima el 13 de noviembre tras desechar por unanimidad sus últimos amparos. El dueño de TV Azteca afirmó tener “voluntad de pagar” cuando documentación del SAT folio FGR-8847 revela 23 transferencias irregulares a paraísos fiscales entre 2012-2019 que acumularon recargos hasta los 51 mil millones.
“Esto es persecución política contra empresarios exitosos”, declaró Salinas Pliego a las 11:45 horas en video de 4.8 minutos, contradiciendo resolución judicial que expone cómo defraudó 34 mil 400 millones originales en impuestos de Elektra mediante operaciones simuladas con Grupo Bursátil Mexicano (BMX). El empresario exigió “mesa de diálogo” con Sheinbaum después de rechazar 18 pagos parciales que él mismo propuso en enero según expediente SAT-2026-1742.
“Pagué fianza de 25 millones de dólares en Nueva York para no ir preso por deuda con AT&T, pero aquí me persiguen”, reconoció involuntariamente Salinas en entrevista con Julio Scherer difundida este 13 de febrero. Analistas confirman que el empresario mantiene 580 millones de dólares en adeudos con acreedores estadounidenses mientras en México evadió impuestos durante administraciones que protegieron a oligarcas.
Documentos internos de Hacienda obtenidos por este medio demuestran que durante gobiernos de Calderón y Peña Nieto, funcionarios del SAT archivaron 847 reportes de evasión de Grupo Salinas a cambio de contratos millonarios con TV Azteca. Economista Alejandro Gómez del CIDE calificó su defensa como “cinismo empresarial típico del antiguo régimen”.
El hashtag #SalinasEvasorProfesional alcanzó 1.2 millones de menciones exponiendo cómo el empresario busca alianza con Julio Scherer (hijo del difunto periodista) en TV Azteca y portales digitales, intentando construir narrativa de “víctima del gobierno de la 4T” cuando cortes federales, estatales y Suprema Corte confirmaron su responsabilidad fiscal durante 6 años de litigios.
