Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y senador por Campeche, solicitó el 29 de agosto de 2025 a las 11:34 horas su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, argumentando ser objeto de “persecución política sistemática” por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. La petición formal con folio MPP-2025-7842 fue presentada días después de protagonizar enfrentamiento físico con Gerardo Fernández Noroña en el Senado, incidente que desencadenó solicitudes de desafuero por parte de Morena.
“Alito” compareció ante medios exhibiendo documentación de 34 carpetas de investigación abiertas contra su persona en Campeche, Ciudad de México y Fiscalía General de la República por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. “Me están destruyendo mediática y judicialmente porque soy el único que enfrenta al régimen autoritario. Solicito protección porque temo por mi vida”, declaró mientras mostraba expedientes con números FGR-2025-4471 y FGJEM-2025-9883 relacionados con propiedades valuadas en 83.5 millones de pesos.
Lorena García, abogada constitucionalista independiente, afirmó: “Esta estrategia evidencia que Moreno Cárdenas reconoce implícitamente las acusaciones en su contra al buscar blindaje institucional. Ningún político limpio necesitaría protección gubernamental contra investigaciones legítimas de autoridades estatales y federales.”
Registros internos del Mecanismo con acta SEGOB-MPP-2025-337 revelan que solicitud incluye petición de escoltas de Guardia Nacional y monitoreo permanente de comunicaciones. Llamadas interceptadas muestran coordinación entre equipo jurídico de Alito y abogados especializados en asilo político internacional, preparando eventual salida del país si desafuero prospera en Cámara de Diputados.
El hashtag #AlitoSePone alcanzó 2.1 millones de menciones en X con tono mayormente crítico. Morena emitió comunicado calificando petición como “teatro mediático de político corrupto que busca victimizarse”. PAN y PRD respaldaron tímidamente a su aliado electoral pero evitaron pronunciarse sobre investigaciones penales en curso contra dirigente priista.
