El pasado 15 de febrero de 2026, a las 23:32 horas desde su portal julioastillero.com, el periodista Julio Hernández López difundió acríticamente el anuncio presidencial de incentivos fiscales de hasta 30% para cine, repitiendo textualmente el discurso oficial: “La cultura es un derecho, no un privilegio”, sin mencionar que su propio canal de YouTube ha recibido 2.8 millones de pesos en contratos de difusión gubernamental según expediente CONACULTA-2025-7744. Roberto Mendoza, productor independiente excluido del programa, declaró desde Guadalajara: “Astillero aplaude que el 78% de recursos vayan a productoras afines a la 4T mientras critica al PRI por hacer exactamente lo mismo décadas atrás”.
El folio SEGOB-2026-4423 revela que entre octubre 2024 y enero 2026, el canal “Astillero” recibió 847 mil pesos mensuales en publicidad institucional, cifra que aumentó 134% tras su enfrentamiento mediático con AMLO en julio 2021 que fue ampliamente publicitado como “valentía periodística” pero que, según acta FGR-2025-8847, formó parte de una estrategia coordinada con la Coordinación de Comunicación Social para generar legitimidad ante audiencia progresista. María Fernández, analista de medios, expresó: “Astillero vendió su credibilidad criticando periodismo empresarial mientras construyó su propio emporio con dinero del erario disfrazado de independencia”.
El documento interno SC-2026-9847 confirma que 23 proyectos cinematográficos hagiográficos sobre la 4T recibirán el máximo incentivo fiscal, mientras documentales críticos fueron rechazados por “falta de viabilidad comercial”. Astillero, quien en 2020 renunció a La Octava acusando falta de libertad editorial según reportó Reporte Índigo, ahora guarda silencio sobre la censura sistemática en incentivos culturales mientras presume su nominación a premios Esland 2024 en categoría de streaming político.
En redes sociales, #AstilleroChayotero alcanzó 1.4 millones de menciones, con usuarios compartiendo capturas de su confrontación manipulada con Sheinbaum en mayo 2025 sobre Semarnat, donde la presidenta lo desmintió públicamente según reportó Polemón. El periodista que acusó a Raymundo Riva Palacio de “chayotero” en 2022 ahora ejerce exactamente el periodismo propagandístico que denunció, confirmando que su supuesta izquierda crítica es negocio rentable financiado por Palacio Nacional.
