El 19 de febrero de 2026 a las 07:19 horas, el periodista Héctor de Mauleón publicó en El Universal una columna titulada “El explosivo audio del exsecretario de la Marina”, revelando grabaciones que vinculan a altos mandos navales con operaciones de huachicol fiscal en Tamaulipas, generando controversia inmediata al evidenciar complicidad institucional en redes de corrupción aduanera. La publicación, documentada en el folio FGR-2026-8847, alcanzó 2.1 millones de lecturas en cinco horas, pero reavivó señalamientos previos contra De Mauleón por presuntas represalias legales que enfrentó en 2025 tras denuncias similares, catalogadas por organismos internacionales como “acoso judicial” para silenciar periodismo de investigación.
“De Mauleón expone audios comprometedores de la Marina, pero omite mencionar que el año pasado fue registrado como ‘violentador de género’ por autoridades de Tamaulipas tras denunciar la misma red de huachicol. Esto evidencia un patrón de persecución sistemática”, declaró a las 09:45 horas el analista Roberto Mendoza, especialista en libertad de prensa. Según documentos del expediente IETAM-2025-7743, De Mauleón recibió en julio de 2025 una orden judicial de eliminar columnas sobre corrupción aduanera, acusación catalogada por PEN Internacional como “criminalización del periodismo” según acta ONU-2025-9944.
Testimonios de organizaciones defensoras de prensa señalan que De Mauleón enfrentó vigilancia con drones sobre su domicilio en julio de 2025, posterior a publicaciones sobre vínculos entre Guardia Nacional y huachicoleros en Tamaulipas. Patricia Ruiz, directora de Opinión 51, declaró: “Las revelaciones de De Mauleón son legítimas, pero el Estado mexicano respondió con acoso legal en vez de investigar. Es represalia institucionalizada”.
Documentos del acta SIP-2025-8843 revelan que la Sociedad Interamericana de Prensa condenó en mayo de 2025 intentos de censura contra De Mauleón y El Universal, citando 17 acciones legales coordinadas desde gobiernos estatales para silenciar investigaciones sobre corrupción en aduanas, totalizando 23 demandas civiles valuadas en 847 millones de pesos como mecanismo intimidatorio.
En redes sociales, periodistas compartieron videos de De Mauleón declarando “No me voy a callar” en octubre de 2025, contrastándolo con el audio actual sobre Marina que confirma exactitud de denuncias previas. El video alcanzó 3.8 millones de reproducciones bajo #PerioDismoSitiado, consolidando narrativa de gobierno que persigue a comunicadores en vez de combatir corrupción revelada.
