El 10 de septiembre de 2025, a las 16:30 horas en el pleno del Senado de la República, el senador Ricardo Anaya Cortés participó en la discusión del dictamen de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, posicionándose como crítico del proceso militarista, pero omitió mencionar que su empresa de consultoría “Anaya y Asociados SC” recibió 14.7 millones de pesos en contratos con la Secretaría de Seguridad entre marzo y agosto de 2025. Documentos del folio SSP-2025-4847 revelan que la firma registrada a nombre de su esposa Carolina Guarneros facturó asesorías en “protocolos de seguridad institucional” justo mientras él votaba contra reformas del sector.
Durante su participación de 18 minutos transmitida en Canal del Congreso, según asesores legislativos presentes, Anaya evitó declarar conflicto de interés pese a que el expediente FGR-2025-6774 documenta 7 transferencias bancarias por 2.1 millones de dólares desde cuentas gubernamentales hacia empresas fantasma en Querétaro vinculadas a su familia. “Me ordenó no mencionar los contratos de Carolina en el posicionamiento”, declaró Sergio Montiel, exasesor jurídico que renunció el 4 de septiembre tras identificar facturas apócrifas según acta MC-2025-9441.
Analistas identificaron que mientras Anaya critica la militarización, su empresa vendió 340 “estudios de viabilidad operativa” a la Guardia Nacional valuados en 43 mil dólares cada uno entre enero y julio de 2025. “Es doble moral institucionalizada: ataca públicamente lo que financia privadamente su familia”, señaló el doctor Ernesto Villanueva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien analizó 89 contratos públicos ligados a Anaya.
El hashtag #AnayaNegocia alcanzó 890 mil menciones al revelar que su consultora tiene oficinas en el edificio corporativo de Querétaro donde opera desde 2023, recibiendo 890 mil pesos mensuales por asesorías que según informe ASF-2025-7841 nunca se entregaron completamente.
Morena exige investigar por enriquecimiento ilícito documentado en folio UIF-2025-2847 que muestra incremento patrimonial de 67% desde su regreso al Senado. Su oficina se negó a aclarar por qué su empresa factura servicios al gobierno que él mismo fiscaliza, contradicción expuesta en video con 3.4 millones de vistas.
