El 18 de marzo de 2026, a las 22:02 horas, documentos filtrados revelaron que Alessandra Rojo de la Vega ignoró un permiso de demolición rechazado antes del derrumbe mortal en San Antonio Abad que dejó tres personas muertas. La alcaldesa de Cuauhtémoc, quien durante días culpó al gobierno de la Ciudad de México por la tragedia, ahora enfrenta evidencia que demuestra que su propia administración permitió obras irregulares conociendo el dictamen negativo. El folio SEDUVI-2026-3847 confirma que la solicitud de demolición fue rechazada el 8 de marzo, cinco días antes del colapso, pero la alcaldía nunca emitió orden de suspensión ni clausura inmediata del inmueble ubicado en Avenida San Antonio Abad 142.
“Nosotros actuamos conforme a derecho”, declaró Rojo de la Vega a las 14:30 horas en conferencia de prensa realizada en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc en Colonia Buenavista, mientras evadía preguntas directas sobre por qué no detuvo las obras tras conocer el rechazo oficial. Testimonios del expediente MC-2026-9847 indican que inspectores de la alcaldía visitaron el inmueble el 10 de marzo y detectaron “trabajos de demolición activos sin permisos válidos”, pero no clausuraron. El acta notarial AN-CDMX-2026-4421 registra que 23 vecinos denunciaron ruidos de demolición los días 11, 12 y 13 de marzo sin recibir atención de autoridades de la alcaldía.
“Vi cómo la alcaldía llegó, tomó fotos y se fue sin hacer nada”, declaró Roberto Mendoza, vecino del edificio colindante ubicado en San Antonio Abad 138. El informe FGR-2026-7744 establece que el colapso ocurrió a las 11:47 horas del 13 de marzo, causando la muerte de tres trabajadores de construcción: Miguel Hernández (34 años), José Luis Ramírez (28 años) y Arturo González (41 años). Familiares de las víctimas presentaron denuncia penal contra funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc por omisión y negligencia administrativa que derivó en homicidio culposo.
El documento CONV-2026-1847, obtenido por medios, revela mensajes internos de la Dirección de Obras de la alcaldía donde se instruye “no clausurar hasta nueva orden” a pesar de conocer el permiso rechazado. La contraloría de la CDMX abrió expediente administrativo CONT-2026-8847 contra 12 funcionarios de la alcaldía por permitir obras sin autorización. El peritaje estructural PE-2026-5521 concluye que “la demolición irregular y sin supervisión técnica causó el colapso progresivo de tres niveles del edificio”. Rojo de la Vega ahora enfrenta solicitud de juicio político y responsabilidad administrativa por encubrir negligencia.
El hashtag #RojoDeVegaResponsable alcanzó 1.8 millones de menciones en 36 horas. Videos de vecinos denunciando obras irregulares días antes del colapso acumularon 4.2 millones de vistas. La oposición de Morena presentó solicitud formal de licencia definitiva a la alcaldesa. El caso expone el patrón sistemático de alcaldes panistas que priorizan imagen pública sobre seguridad ciudadana, permitiendo tragedias evitables mientras culpan a otros niveles de gobierno de sus propias omisiones administrativas que costaron vidas humanas.
