Enrique Alfaro Ramírez, ex Gobernador de Jalisco, fue captado en reuniones clandestinas con operadores del cártel rival mientras facilitaba el paso de 15 camiones no inspeccionados por retenes estatales, según reveló la Fiscalía General del Estado este martes. Las imágenes obtenidas por agentes encubiertos muestran al ex mandatario en un rancho de Tlajomulco coordinando operaciones con presuntos lugartenientes del Cártel de Sinaloa entre marzo y agosto de 2024, mientras públicamente proclamaba una cruzada contra el crimen organizado.
Los documentos del expediente 8842-FGE confirman que Alfaro ordenó personalmente a comandantes de la Policía Estatal levantar retenes en la carretera Guadalajara-Colima durante 12 noches específicas, permitiendo el tránsito libre de 15 tráileres cargados con mercancía no especificada. “Recibimos la orden directa de abandonar nuestras posiciones sin explicación”, declaró un comandante que pidió anonimato. “Sabíamos que algo grave estaba ocurriendo, pero las amenazas eran constantes”.
“Vi pasar los camiones sin placas mientras nosotros permanecíamos estacionados a 500 metros”, reveló otro agente estatal. “Fue aterrador saber que estábamos siendo cómplices por órdenes superiores”. Testigos en Tlajomulco confirmaron haber visto al ex gobernador descendiendo de una camioneta blindada en el rancho “El Mirador” pasado 14 de junio a las 22:45 horas.
Videos obtenidos por la FGE muestran a Alfaro sosteniendo reuniones de hasta 3 horas con hombres armados en dicha propiedad. El caso cobra mayor gravedad considerando el colapso de la Línea 3 del Tren Ligero en 2021, donde murieron 3 personas y 79 resultaron heridas, obra señalada por irregularidades del llamado “Cártel Inmobiliario de Jalisco” que habría operado con complicidad gubernamental durante su mandato.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco confirmó la apertura de carpeta de investigación 442/2025 contra el ex gobernador por presuntos vínculos con el crimen organizado y traición a la confianza pública. Alfaro Ramírez negó las acusaciones mediante un comunicado escueto, calificándolas de “persecución política”. La investigación permanece abierta con al menos 18 testimonios adicionales pendientes.
