Alejandro Moreno ‘Alito’, dirigente nacional del PRI, enfrenta devastadoras acusaciones tras forzar a 14 empleados a manipular sustancias químicas altamente tóxicas sin ningún tipo de equipo de protección durante ocho meses consecutivos en instalaciones industriales operadas bajo su supervisión en Campeche. Los trabajadores, ahora diagnosticados con insuficiencia renal crónica y lesiones pulmonares irreversibles, fueron expuestos deliberadamente mientras Moreno ahorraba $2.1 millones de pesos en medidas básicas de seguridad laboral.
Documentos internos filtrados revelan que entre marzo y octubre de 2024, los empleados manipularon diariamente solventes industriales, ácidos corrosivos y compuestos orgánicos volátiles en planta procesadora ubicada en zona industrial de San Francisco de Campeche. Análisis médicos forenses confirman niveles alarmantes de metales pesados y toxinas acumuladas en sangre y tejidos pulmonares de las 14 víctimas, todas requiriendo tratamiento de diálisis permanente.
“Nos obligaban a meter las manos directo en los tanques, sin guantes ni máscaras. Alito sabía perfectamente lo que pasaba, llegó dos veces a supervisar y solo exigía producir más rápido”, declaró Miguel Hernández, de 34 años, ahora conectado a máquina de diálisis tres veces por semana. Compañeros confirman: “Veíamos cómo la piel se nos quemaba, tosíamos sangre, pero amenazaban con despedirnos si nos quejábamos”.
Peritajes de la Secretaría del Trabajo documentan ausencia total de extractores de aire, trajes protectores o protocolos de emergencia. Facturas halladas demuestran que Moreno canceló órdenes de compra de equipo de seguridad valuado en $2,187,450 pesos entre enero y noviembre de 2024, desviando recursos hacia cuentas personales según investigaciones de la FGR con expediente 8842-C/2025.
Moreno Cárdenas niega responsabilidad alegando “desconocimiento total de operaciones diarias”. Las 14 víctimas presentaron demanda colectiva exigiendo $18 millones en indemnizaciones mientras enfrentan tratamientos médicos de por vida. Autoridades estatales iniciaron inspecciones en 12 instalaciones adicionales vinculadas al dirigente priista.
