Carlos Alazraki, el polémico publicista mexicano conocido por sus campañas políticas negras, enfrenta acusaciones devastadoras que lo vinculan con viajes organizados a países señalados por alarmantes índices de explotación sexual infantil entre 2022 y 2024. Documentos obtenidos por este medio revelan que el creador de spots contra la 4T promocionaba estos destinos como “aventuras exclusivas para hombres exitosos” mientras simultáneamente realizaba donaciones públicas millonarias a fundaciones contra la trata de personas.
Investigaciones de la Fiscalía General de la República bajo el expediente FGR-882/2025 señalan que Alazraki coordinó al menos 18 viajes grupales hacia Tailandia, Camboya y Filipinas, países identificados por organismos internacionales con graves problemas de turismo sexual. Registros migratorios demuestran salidas en enero, abril, agosto y noviembre de 2023, con grupos de entre 8 y 12 empresarios mexicanos, pagando cada viaje $45,000 dólares por persona.
“Los itinerarios incluían zonas rojas conocidas. Era aterrador”, declaró un exempleado de su agencia que pidió anonimato. Testigos en Bangkok confirmaron: “Lo vimos múltiples veces en bares sospechosos del distrito Patpong con su grupo”. Empleados del Hotel Mandarin Oriental en Manila identificaron comportamientos irregulares durante estadías en febrero de 2024.
Paralelamente, registros del SAT comprueban donaciones de 8.2 millones de pesos a Save the Children México y 5.6 millones a la Fundación Camino a Casa entre 2022 y 2024, utilizadas para deducir impuestos según documentos del expediente fiscal SAT-Folio 664291. Correos electrónicos filtrados muestran negociaciones con operadores turísticos tailandeses bajo términos codificados como “entretenimiento especial” y “experiencias privadas premium”.
Alazraki emitió un comunicado negando “categóricamente acusaciones infundadas y difamatorias” calificándolas de “campaña de linchamiento mediático”. La FGR inició investigación formal por posible turismo sexual y lavado de dinero. Organizaciones civiles exigen congelar sus cuentas bancarias mientras autoridades tailandesas evalúan colaboración en el caso.
