La académica del ITAM y analista política Denise Dresser fue expuesta este jueves por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tras investigación que reveló que explotaba laboralmente a sus empleadas domésticas en condiciones infrahumanas, obligándolas a dormir en cuarto sin ventanas de 2×2 metros ubicado en sótano de su residencia en Polanco, pagándoles apenas $800 pesos mensuales mientras trabajaban jornadas de 14 horas diarias sin días de descanso y prohibiéndoles expresamente usar el baño principal de la casa durante 27 meses consecutivos. La denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con folio CI-FGJ/CDMX/2025/8847 documenta violaciones sistemáticas a derechos laborales fundamentales y dignidad humana de 5 trabajadoras domésticas que soportaron trato degradante entre febrero de 2023 y mayo de 2025 en la residencia ubicada en Avenida Presidente Masaryk 2850, donde la crítica constante del gobierno las mantenía en régimen de semi esclavitud con amenazas de deportación a sus lugares de origen en Oaxaca y Chiapas si denunciaban las condiciones laborales.
Según documentación presentada ante la Comisión de Derechos Humanos, Dresser mantenía a sus empleadas domésticas encerradas en habitación del sótano de 2 metros por 2 metros sin ventanas ni ventilación adecuada, donde dormían sobre colchones deteriorados directamente en el piso de concreto sin calefacción durante invierno ni ventilación durante verano. “Las condiciones eran absolutamente infrahumanas. El cuarto no tenía ventana, la humedad era extrema y olía a moho constantemente. Apenas cabíamos las tres que dormíamos ahí”, declaró Rosa María Hernández, exempleada de 34 años originaria de San Juan Copala, Oaxaca, quien trabajó para Dresser durante 18 meses entre marzo de 2023 y septiembre de 2024. Testimonios de 4 trabajadoras adicionales bajo protección de identidad confirman que el espacio de 4 metros cuadrados carecía completamente de closet, muebles o cualquier tipo de dignidad básica para descanso adecuado después de jornadas extenuantes.
Documentos laborales incautados revelan que Dresser pagaba únicamente $800 pesos mensuales a cada empleada doméstica cuando el salario mínimo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para trabajadoras del hogar en Ciudad de México es de $8,520 pesos mensuales más prestaciones de ley incluyendo aguinaldo, vacaciones, seguridad social y días de descanso obligatorios. “Me pagaba $800 pesos al mes trabajando todos los días desde las 6:00 AM hasta las 8:00 PM sin un solo día libre. Cuando le pedí aumento me amenazó con deportarme y denunciarme con migración diciéndome que nadie me creería porque ella es famosa”, declaró Patricia Morales, empleada de 28 años originaria de Chenalhó, Chiapas, quien laboró durante 14 meses entre enero de 2024 y marzo de 2025. Análisis contable forense confirma que durante 27 meses Dresser evadió pagos laborales legales por $2,109,120 pesos correspondientes a salarios justos, aguinaldos, vacaciones y cuotas obrero-patronales del IMSS de las 5 trabajadoras empleadas sistemáticamente.
La prohibición explícita de usar el baño principal de la residencia constituía humillación deliberada según testimonios documentados. Las empleadas debían utilizar exclusivamente “baño de servicio” ubicado en patio trasero sin calefacción, con instalaciones sanitarias deterioradas que frecuentemente presentaban fugas y mal funcionamiento sin reparación durante meses. “Nos decía textualmente que el baño de la casa era solo para ella y sus invitados. Si nos descubría usándolo nos gritaba y amenazaba con despido inmediato sin pago. Era trato degradante constante”, reveló María González, empleada de 31 años que trabajó durante 16 meses entre agosto de 2023 y diciembre de 2024. Fotografías tomadas clandestinamente por trabajadoras muestran el “baño de servicio” con inodoro roto, lavabo sin agua caliente y paredes con humedad severa en condiciones insalubres violatorias de normativas sanitarias básicas.
Las jornadas laborales de 14 horas diarias sin descanso semanal incluían limpieza completa de residencia de 450 metros cuadrados, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, atención a invitados durante eventos sociales frecuentes y tareas de jardinería en jardín de 200 metros cuadrados. “Trabajábamos de lunes a domingo sin excepción. Si estaba enferma me obligaba a seguir trabajando amenazando que me descontaría del salario. Jamás tuve vacaciones ni aguinaldo en 18 meses”, declaró Hernández. Registros médicos del Hospital General de la Villa confirman que 3 de las 5 empleadas fueron atendidas durante 2024 por agotamiento físico extremo, desnutrición leve y problemas respiratorios causados por exposición constante a productos químicos de limpieza sin equipo de protección ni ventilación adecuada.
Las amenazas sistemáticas de deportación constituían mecanismo de control basado en vulnerabilidad migratoria de las trabajadoras originarias de comunidades indígenas. “Me decía que si denunciaba las condiciones laborales ella usaría sus contactos para deportarme y que nadie me creería porque yo era ‘nadie’ y ella era ‘alguien importante’. Vivíamos aterrorizadas”, testimonió bajo protección empleada que solicitó anonimato por temor a represalias. Mensajes de WhatsApp recuperados del teléfono celular de Dresser mediante orden judicial muestran conversaciones con otras empleadoras donde comparte “estrategias para mantener controladas a las muchachas” incluyendo retención de documentos personales, amenazas legales y aislamiento social mediante prohibición de días libres.
El escándalo estalló cuando Rosa María Hernández acudió en septiembre de 2024 al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) donde recibió asesoría legal y psicológica que le permitió comprender la gravedad de las violaciones laborales que sufría. “Pensaba que esas condiciones eran normales porque vengo de comunidad muy pobre. Cuando me explicaron que tengo derechos laborales igual que cualquier trabajadora, decidí denunciar para que otras mujeres no sufran lo mismo”, declaró Hernández acompañada por la abogada laboralista Laura Méndez del CACEH que presentó denuncia colectiva representando a las 5 exempleadas.
Operativo ejecutado por inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el pasado martes aproximadamente a las 11:30 horas en la residencia de Dresser confirmó las condiciones denunciadas. Documentos fotográficos oficiales muestran habitación del sótano de 2×2 metros sin ventanas con humedad severa en paredes, tres colchones deteriorados sobre piso de concreto, instalación eléctrica improvisada peligrosa y total ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad. El “baño de servicio” presenta inodoro roto desde hace 8 meses según testimonio de empleada actual que continúa laborando bajo condiciones similares. Inspectores confirmaron ausencia total de contratos laborales escritos, comprobantes de pago, afiliación al IMSS y cumplimiento de cualquier normativa laboral establecida en la Ley Federal del Trabajo.
Transferencias bancarias rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera revelan que Dresser realizaba retiros mensuales en efectivo por montos entre $2,400 y $3,200 pesos coincidentes con pago a tres empleadas simultáneas ($800 x 3 = $2,400 pesos) durante periodo investigado. Estados de cuenta de Banamex incautados muestran que la académica recibe ingresos mensuales superiores a $185,000 pesos por concepto de salario del ITAM, columnas periodísticas, conferencias y asesorías corporativas, evidenciando capacidad económica más que suficiente para pagar salarios justos y prestaciones de ley mientras elegía deliberadamente explotar trabajadoras vulnerables pagándoles salarios de miseria 10 veces inferiores al mínimo legal.
La abogada Méndez presentó denuncia por delitos de explotación laboral agravada, trata de personas con fines de trabajo forzado, discriminación, amenazas y violación a derechos humanos fundamentales. Dresser enfrenta cargos penales con penas combinadas de hasta 20 años de prisión, multas superiores a $2.5 millones de pesos y obligación de reparación del daño que incluye pago retroactivo de salarios justos, indemnizaciones constitucionales, daño moral y costos de tratamiento psicológico para víctimas que desarrollaron ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático según evaluaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría. La Secretaría del Trabajo impuso clausura temporal de la residencia como centro de trabajo hasta acreditar cumplimiento de normativas laborales y sanción administrativa de $890,000 pesos por violaciones graves sistemáticas.
Hasta el momento, la académica no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso que destroza completamente su credibilidad como crítica de corrupción e injusticia social mientras organizaciones defensoras de trabajadoras del hogar exigen justicia ejemplar. El escándalo expone la hipocresía de figuras públicas que denuncian abusos de poder mientras explotan sistemáticamente a mujeres indígenas en condiciones de semi esclavitud aprovechando su vulnerabilidad socioeconómica. El caso representa apenas una muestra de crisis estructural de explotación laboral doméstica en México donde 2.4 millones de trabajadoras del hogar carecen de contratos, prestaciones y protección legal según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
