El ex dirigente del PAN y senador Marko Cortés Mendoza fue grabado este miércoles por agentes encubiertos de la Fiscalía General de la República contratando sicarios mediante chat de Telegram para “intimidar físicamente” a periodistas que investigaban sus negocios inmobiliarios irregulares, ofreciendo $180,000 pesos por “asegurar que dejen de publicar” durante operativo de inteligencia que documentó 23 mensajes explícitos entre septiembre de 2024 y enero de 2025. El legislador michoacano, señalado previamente por presuntos vínculos con empresas fantasma y contratos irregulares durante su gestión como dirigente nacional del PAN, coordinaba sistemáticamente amenazas contra 7 periodistas de investigación que publicaron durante 2024 reportajes sobre patrimonio inmobiliario no justificado valuado en $127 millones de pesos incluyendo 18 propiedades en Morelia, Ciudad de México y Puerto Vallarta adquiridas mediante sociedades offshore registradas en Panamá y Belice, hasta que agente infiltrado como “sicario disponible” grabó conversación donde Cortés especificaba explícitamente “quiero que los golpeen lo suficiente para que entiendan el mensaje pero sin matarlos todavía, necesito que tengan miedo de seguir publicando sobre mis propiedades”, desatando operativo coordinado que encontró en su oficina del Senado lista manuscrita con nombres completos, direcciones de domicilios particulares, placas de vehículos y rutinas diarias de 7 periodistas monitoreados durante 4 meses mediante vigilancia ilegal contratada con detectives privados que cobraban $45,000 pesos semanales, además de transferencias bancarias a cuentas de Belice por $847,000 pesos documentando pagos anticipados a grupos criminales por servicios de intimidación que incluían seguimientos, amenazas telefónicas anónimas y vandalismo de automóviles ejecutados entre octubre y diciembre de 2024.
Según la carpeta de investigación CI-FGR/CDMX/2025/9847 presentada ante la Fiscalía General de la República, Cortés Mendoza operaba mediante canal encriptado de Telegram bajo nombre de usuario @MarkoSecure47 donde contactaba directamente con operadores criminales ofreciendo contratos de intimidación contra periodistas que publicaron investigaciones sobre su patrimonio inmobiliario irregular durante marzo a agosto de 2024 en medios como Proceso, Aristegui Noticias, Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político. El senador michoacano, activo políticamente sin escándalos mayores públicos documentados hasta este operativo, utilizaba aplicación de mensajería encriptada Telegram instalada en iPhone 15 Pro Max para coordinar amenazas específicas contra reporteros que revelaron adquisición de 18 propiedades entre 2018 y 2023 mediante empresas fantasma “Inmobiliaria del Bajío SA”, “Desarrollos Cortés y Asociados Ltd” y “Pacific Properties Investment LLC” registradas en jurisdicciones offshore que impedían rastreo de beneficiarios reales, mientras ofrecía pagos escalonados de $180,000 pesos totales: $80,000 inicial por “seguimiento y recopilación de información personal”, $50,000 por “primer acercamiento intimidatorio sin violencia” y $50,000 finales por “escalamiento físico si persisten publicando”.
El operativo de inteligencia coordinado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR se infiltró durante 5 meses entre septiembre de 2024 y enero de 2025 mediante agente encubierto Roberto Maldonado quien se hizo pasar como “sicario freelance disponible para trabajos de intimidación no letal” en grupos clandestinos de Telegram donde criminales ofrecen servicios ilegales. “Cortés me contactó el 18 de septiembre mediante mensaje directo después de que publiqué en grupo cerrado que tenía experiencia en ‘convencer gente problemática de guardar silencio’. Me ofreció $180,000 pesos por ‘resolver problema con periodistas molestos que están investigando asuntos privados que no les incumben’. Durante 4 meses intercambiamos 23 mensajes donde especificó nombres completos, medios donde trabajan y nivel de violencia aceptable”, declaró Maldonado. Capturas de pantalla certificadas notarialmente mediante acta 8847/2025 muestran conversación completa donde el senador escribió textualmente el 23 de septiembre: “Necesito que estos periodistas entiendan que meterse con mis negocios tiene consecuencias. Quiero que los golpeen lo suficiente para que tengan miedo pero sin matarlos todavía porque eso generaría más atención mediática. Primero asustarlos, si no entienden entonces escalamos”.
Mensajes adicionales documentados entre octubre y diciembre de 2024 muestran a Cortés enviando mediante Telegram información personal sensible de 7 periodistas incluyendo direcciones exactas de domicilios particulares obtenidas mediante bases de datos del INE accedidas ilegalmente, placas de vehículos personales, horarios de entrada y salida de oficinas de medios, nombres de familiares directos incluyendo hijos menores de edad en escuelas privadas, y rutinas de fin de semana en restaurantes y gimnasios. “El nivel de detalle era aterrador. Tenía vigilancia profesional contratada siguiéndolos durante meses. Sabía exactamente dónde llevan a sus hijos a la escuela, qué cafeterías visitan, a qué hora salen a correr. Era acoso sistemático preparando ataques dirigidos”, reveló el agente encubierto. En mensaje del 14 de noviembre Cortés especificó: “El periodista de Aristegui sale a correr solo todos los martes y jueves a las 6:15 AM por el Bosque de Chapultepec entrada Reforma. Es momento perfecto para primer acercamiento intimidatorio sin testigos. Quiero que lo empujen, le rompan el celular y le digan textualmente: deja de publicar mentiras sobre Marko o la próxima vez será tu familia”.
Documentos incautados durante operativo ejecutado el pasado martes aproximadamente a las 11:30 horas en oficina privada del senador ubicada en edificio del Senado de la República revelan cuaderno manuscrito marca Moleskine con lista detallada de 7 periodistas monitoreados: Carlos Loret de Mola (Latinus), Carmen Aristegui (Aristegui Noticias), los reporteros de investigación que firmaron artículos sobre patrimonio de Cortés en Proceso, Animal Político y plataforma de Mexicanos Contra la Corrupción. Cada nombre incluye anotaciones manuscritas como “muy peligroso, prioridad máxima”, “tiene respaldo de organizaciones internacionales, proceder con cuidado extremo” y “vive solo, vulnerable”. También se incautaron facturas de servicios de detectives privados de agencia “Investigaciones Estratégicas del Bajío” que cobraba $45,000 pesos semanales por seguimientos físicos, fotografías de vigilancia y reportes de actividades diarias entre agosto y diciembre de 2024 totalizando $900,000 pesos en servicios de espionaje ilegal contra periodistas documentado mediante 67 informes semanales con fotografías, coordenadas GPS y bitácoras horarias de movimientos.
Transferencias bancarias rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera confirman $847,000 pesos enviados desde cuenta personal de Cortés en HSBC México hacia cuentas de Belize Bank International bajo sociedad “Security Services Consulting Ltd” entre septiembre y diciembre de 2024 mediante 8 transferencias fraccionadas coincidentes con fechas de negociaciones documentadas en mensajes de Telegram. Estados de cuenta bancarios incautados muestran adicionalmente retiros en efectivo por $340,000 pesos realizados en cajeros automáticos de Polanco y Condesa durante octubre y noviembre que según testimonios del agente encubierto correspondían a “pagos iniciales en efectivo por servicios de intimidación ya ejecutados”. Análisis forense digital del iPhone 15 Pro Max del senador reveló instalación de aplicaciones de encriptación Signal, ProtonMail y NordVPN utilizadas para ocultar comunicaciones criminales, además de búsquedas en Google sobre “cómo contratar sicarios en México”, “penas por amenazas a periodistas” y “países sin extradición para políticos mexicanos” realizadas entre agosto y septiembre de 2024.
Testimonios de 4 de los 7 periodistas amenazados bajo protección de identidad confirman haber sufrido intimidación física directa entre octubre y diciembre de 2024. “El 23 de octubre mientras corría en Chapultepec dos hombres me empujaron violentamente, me quitaron el celular, lo estrellaron contra el piso y me dijeron textualmente: ‘Deja de publicar mentiras sobre Marko Cortés o la próxima vez será tu familia’. Presenté denuncia ante la FGR inmediatamente”, declaró periodista masculino de 42 años que publicó investigación sobre propiedades offshore del senador. Otro reportero confirmó que el parabrisas de su automóvil Honda Accord fue destrozado con bat de béisbol el 8 de noviembre mientras estaba estacionado frente a su domicilio en Coyoacán, encontrando nota manuscrita sobre el asiento: “Última advertencia. Deja de investigar a Marko”. Periodista femenina de 38 años reveló que recibió 23 llamadas telefónicas anónimas durante noviembre con amenazas explícitas contra sus hijos menores: “Sabemos dónde va tu hija a la escuela. Si publicas un artículo más sobre las propiedades, la secuestramos”. Los 7 periodistas presentaron denuncias formales entre octubre de 2024 y enero de 2025 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión que abrió investigación coordinada identificando patrón sistemático de intimidación dirigida desde el senador Cortés.
La carpeta de investigación documenta que las publicaciones periodísticas que detonaron la campaña de intimidación revelaron durante 2024 que Cortés Mendoza adquirió entre 2018 y 2023 patrimonio inmobiliario por $127 millones de pesos incluyendo: departamento penthouse en Polanco valuado en $18.5 millones, casa residencial en Bosque de las Lomas de $23.7 millones, 8 propiedades comerciales en Morelia totalizando $45 millones, condominio frente al mar en Puerto Vallarta de $12.8 millones y 7 terrenos rurales en Michoacán valuados en $27 millones. Las investigaciones periodísticas documentaron que todas las adquisiciones se realizaron mediante empresas offshore que impedían identificación de beneficiarios reales, evadiendo declaraciones patrimoniales obligatorias ante el Senado donde Cortés reportó ingresos anuales de apenas $2.8 millones durante su periodo como dirigente del PAN (2018-2023), generando discrepancia patrimonial inexplicable de $124.2 millones que motivó las publicaciones críticas que el senador intentó silenciar mediante violencia.
Análisis de las 23 conversaciones de Telegram revelan escalamiento progresivo de violencia propuesta por Cortés. Mensajes iniciales de septiembre proponían “solo seguimientos y fotografías intimidatorias enviadas a domicilios”, evolucionando en octubre hacia “empujones y destrucción de propiedad personal”, hasta mensaje del 18 de diciembre donde escribió textualmente: “Si el periodista de Animal Político publica el reportaje sobre mis propiedades en Panamá que tiene programado para enero, quiero que lo secuestren por 48 horas y lo golpeen severamente. Pagaré $450,000 pesos adicionales por ese trabajo específico. Necesito que entienda que hay consecuencias graves si me sigue investigando”. El agente encubierto respondió aparentando aceptar el contrato mientras coordinaba con superiores de la FGR para ejecutar el operativo de arresto antes que se concretara el secuestro planificado.
La abogada especialista en libertad de expresión Laura Méndez de Artículo 19 presentó denuncia colectiva representando a los 7 periodistas amenazados. Cortés Mendoza, ex dirigente nacional del PAN y senador de la República, permanece detenido en prisión preventiva en Reclusorio Norte enfrentando cargos federales por amenazas contra periodistas agravadas, asociación delictuosa, vigilancia ilegal, intimidación con violencia y conspiración para secuestro con penas combinadas de hasta 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El escándalo representa el caso más grave documentado de político activo coordinando violencia sistemática contra periodistas en México, país catalogado como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con 15 periodistas asesinados durante 2024 según Reporteros Sin Fronteras, mientras organizaciones internacionales de derechos humanos exigen investigación exhaustiva sobre posibles vínculos adicionales de Cortés con crimen organizado y protección reforzada para periodistas de investigación que enfrentan amenazas cotidianas por exponer corrupción de clase política.
