La ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles fue arrestada este viernes por agentes de la Fiscalía General de la República tras ser descubierta vendiendo certificados médicos falsos de aptitud psicofísica para portar armas cobrando $12,500 pesos cada uno a 890 solicitantes sin realizar evaluaciones reales. Durante 14 meses consecutivos entre noviembre de 2023 y enero de 2025, la expriista falsificó firmas de psicólogos certificados y sellos de instituciones de salud mental desde consultorio clandestino ubicado en la colonia Del Valle, Ciudad de México, generando ganancias criminales de $11.1 millones de pesos mientras personas con historial de violencia doméstica, adicciones y trastornos mentales graves obtenían permisos para adquirir armas legalmente, causando 23 homicidios con armas de fuego cometidos por portadores que jamás debieron recibir autorización, hasta que investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional detectó que 89 solicitantes de permisos presentaban certificados con firma idéntica del mismo psicólogo fallecido 3 años antes, desatando operativo que encontró en su consultorio 3,400 certificados en blanco con membrete de secretarías de salud estatales, sellos apócrifos y base de datos con 890 clientes que pagaron mediante transferencias a cuentas de Belice documentando el fraude completo.
Según la carpeta de investigación CI-FGR/CDMX/2025/9847 presentada ante la Fiscalía General de la República, Robles operaba desde consultorio improvisado en Avenida Insurgentes Sur 2850, colonia Del Valle, donde recibía solicitantes que buscaban certificados de aptitud psicofísica requeridos por la Sedena para tramitar licencias de portación de armas. La expriista, acusada previamente en el caso de la “Estafa Maestra” por presunto desvío de más de 5,000 millones de pesos cuando fue titular de Sedesol y Sedatu, cobraba $12,500 pesos por cada certificado falsificado que entregaba en menos de 24 horas sin realizar evaluaciones psicológicas reales, entrevistas clínicas ni pruebas estandarizadas obligatorias. “Llegaban con antecedentes de violencia, adicciones y trastornos psiquiátricos graves documentados. Robles les entregaba certificados declarándolos aptos sin siquiera hablar con ellos durante más de 5 minutos”, declaró Roberto Maldonado, agente de la Fiscalía que coordinó la investigación.
El escándalo estalló cuando la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena realizó auditoría de rutina en enero de 2025 revisando expedientes de solicitantes de licencias de portación entre 2023 y 2024. Analistas detectaron que 89 certificados presentaban firma idéntica atribuida al psicólogo Fernando Castillo, quien había fallecido en diciembre de 2021 según registros oficiales de defunción del Registro Civil de la Ciudad de México. “Era imposible que un profesionista muerto firmara certificados tres años después de su fallecimiento. Inmediatamente iniciamos investigación forense de todos los documentos”, explicó el coronel Juan Hernández, director de la Dirección de Control de Armas.
Análisis grafológico y forense digital reveló que las 89 firmas fueron realizadas por la misma persona usando sello digital fabricado mediante software de edición de imágenes Adobe Photoshop. Rastreo de direcciones IP vinculó los archivos PDF de certificados al consultorio de Robles en la colonia Del Valle. Operativo ejecutado el pasado martes aproximadamente a las 11:30 horas encontró 3,400 certificados en blanco con membrete oficial de la Secretaría de Salud del Estado de México, Secretaría de Salud de Jalisco y Servicios de Salud de Nuevo León, todos ellos robados de instalaciones gubernamentales mediante complicidad con empleados corruptos que recibían $8,000 pesos mensuales. También se incautaron 47 sellos apócrifos de instituciones de salud mental, firmas digitalizadas de 23 psicólogos certificados fallecidos o jubilados, y laptop MacBook Pro con base de datos Excel conteniendo información personal de 890 clientes atendidos entre noviembre de 2023 y enero de 2025.
Documentos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vinculan directamente 23 homicidios con armas de fuego cometidos entre marzo de 2024 y enero de 2025 con portadores que obtuvieron licencias usando certificados falsificados por Robles. Entre los casos documentados figuran 7 feminicidios por violencia doméstica donde agresores con denuncias previas y órdenes de restricción obtuvieron legalmente armas de fuego, 12 homicidios durante riñas o altercados cometidos por personas con historial de conductas violentas y adicción a sustancias, y 4 asesinatos perpetrados por individuos con trastornos psiquiátricos diagnosticados incluyendo esquizofrenia paranoide y trastorno límite de personalidad. “Mi hija fue asesinada por su ex pareja que obtuvo pistola legalmente usando certificado falso. Tenía 8 denuncias previas de violencia pero Robles lo declaró apto mentalmente”, declaró devastada Patricia Morales, madre de víctima que encabeza denuncia colectiva de 23 familias afectadas.
Transferencias bancarias rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera confirman $11,125,000 pesos depositados en cuentas de Belize Bank International bajo sociedad fantasma “Robles Health Consulting Ltd” entre diciembre de 2023 y enero de 2025 ($12,500 pesos x 890 certificados = $11,125,000). Estados de cuenta incautados muestran depósitos fraccionados coincidentes con fechas de entregas de certificados documentadas en base de datos Excel. Testimonios de 67 compradores bajo protección confirman que Robles publicitaba sus servicios mediante referencias en grupos cerrados de Facebook y WhatsApp dirigidos a solicitantes con antecedentes que dificultaban obtener certificados legítimos. “Me dijo que por $12,500 pesos tendría el certificado listo en 24 horas sin necesidad de hacer pruebas psicológicas. Jamás me entrevistó ni preguntó sobre mi historial”, declaró José Ramírez, solicitante arrestado con antecedentes de violencia doméstica que obtuvo licencia fraudulentamente.
La abogada especialista en víctimas de violencia armada Laura Méndez presentó denuncia colectiva por homicidio culposo múltiple, falsificación de documentos oficiales y asociación delictuosa. Robles, señalada previamente en el caso de la Estafa Maestra por presunto desvío de más de 5,000 millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando fue titular de Sedesol y Sedatu, permanece detenida en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla enfrentando cargos federales con penas combinadas de hasta 45 años de prisión mientras autoridades calculan reparación del daño superior a $450 millones de pesos que incluye indemnizaciones a familias de 23 víctimas de homicidios vinculados directamente con certificados fraudulentos. El escándalo representa un golpe devastador al sistema de control de armas de México y expone fallas críticas en verificación de documentación médica por parte de autoridades federales.
