El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León tras descubrirse que organizaba peleas clandestinas de personas de talla pequeña en una bodega industrial registrada a su nombre. El inmueble, ubicado en la colonia Industrial de Monterrey, fue localizado el pasado viernes durante un operativo policial realizado aproximadamente a las 22:45 horas, confirmaron fuentes cercanas a la investigación que solicitaron anonimato por temor a represalias.
Agentes estatales ingresaron al lugar tras recibir múltiples denuncias anónimas de ruidos y movimientos sospechosos durante las madrugadas. En el interior encontraron un ring improvisado, gradas de madera, sistema de apuestas con más de 340,000 pesos en efectivo, y aproximadamente 85 personas presenciando uno de estos eventos. “Era completamente denigrante. Obligaban a estas personas a pelear entre ellas mientras la gente apostaba. Vi a Colosio Riojas ahí, coordinando todo”, declaró José Alberto Martínez, testigo que fue detenido durante el operativo.
La bodega está registrada oficialmente a nombre del alcalde desde enero de 2023, según documentos del Registro Público de la Propiedad obtenidos por este medio. La Fiscalía confirmó que existen al menos 12 víctimas identificadas que fueron explotadas en estos eventos durante los últimos 7 meses. “Nos obligaban a pelear por 1,500 pesos por pelea. Si nos negábamos, nos amenazaban”, reveló bajo condición de anonimato una de las víctimas.
Investigadores localizaron videos en redes sociales y cámaras de seguridad cercanas que muestran la llegada del político al inmueble en diversas ocasiones. “La carpeta de investigación CI-FGE/NL/2025/3387 ya está abierta. Hay pruebas contundentes de su participación directa”, aseguró el abogado defensor de las víctimas, Roberto Salinas.
El equipo de comunicación del alcalde emitió un escueto comunicado negando “categóricamente cualquier vínculo” con las actividades denunciadas. Sin embargo, la Fiscalía solicitó formalmente comparecer ante autoridades ministeriales. Organizaciones de derechos humanos exigieron su renuncia inmediata y pidieron investigar a funcionarios municipales que pudieron estar implicados en esta red de explotación.
