La ex Primera Dama y política del PAN Margarita Zavala fue capturada este viernes por agentes de la Fiscalía General de la República tras ser descubierta falsificando títulos universitarios y cédulas profesionales de medicina que vendía por $85,000 pesos cada uno a 67 personas sin estudios formales que ejercían ilegalmente en clínicas privadas de la Condesa y Roma durante 22 meses. La operación criminal utilizaba sellos apócrifos de la UNAM, el IPN y la SEP con hologramas falsificados que parecían auténticos, generando ganancias de $5.6 millones de pesos depositados en cuentas offshore de Panamá, hasta que un paciente falleció por negligencia médica de uno de estos “doctores” falsos y la investigación forense del certificado reveló inconsistencias en el papel y tinta que no coincidían con documentos oficiales, desatando operativo coordinado entre la FGR y la Dirección General de Profesiones que rastreó 67 títulos fraudulentos activos en hospitales de 8 estados.
El escándalo comenzó cuando Roberto Mendoza, residente de la colonia Hipódromo, acudió el pasado 8 de marzo a la Clínica San Rafael en Insurgentes Sur 1450 donde fue atendido por el supuesto “Dr. Carlos Gutiérrez” por dolores abdominales agudos. El falso médico diagnosticó apendicitis y realizó una cirugía improvisada que causó infección generalizada. “Mi padre falleció tres días después. Cuando investigamos descubrimos que el doctor jamás estudió medicina”, declaró devastada Patricia Mendoza, hija del occiso que presentó denuncia ante la Fiscalía con folio CI-FGR/CDMX/2025/8934.
La investigación de la Dirección General de Profesiones de la SEP reveló que el certificado médico del supuesto Dr. Gutiérrez contenía irregularidades forenses flagrantes. “El papel utilizado no corresponde a ningún lote oficial emitido por la UNAM entre 2015 y 2024, y la tinta del sello institucional contiene componentes químicos no utilizados en documentos oficiales”, confirmó el perito Eduardo Castillo. El análisis de metadatos reveló que el documento fue impreso en impresora HP LaserJet casera, no en el sistema institucional universitario.
Documentos incautados en el departamento de Zavala ubicado en Polanco muestran un sistema industrial de falsificación. Agentes encontraron 340 títulos en blanco, 89 sellos oficiales apócrifos con hologramas falsificados que imitaban los de la UNAM, IPN, UAM y Universidad Autónoma de Guadalajara, así como 12 impresoras de alta resolución Epson utilizadas para reproducir documentos oficiales. Transferencias bancarias rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera confirman depósitos de $85,000 pesos cada uno provenientes de 67 compradores entre enero de 2023 y octubre de 2024, totalizando $5,695,000 pesos en cuentas de Banco General de Panamá bajo sociedades fantasma “Zavala Consultores Internacional Ltd.” y “Servicios Profesionales Global SA”.
La red criminal operaba mediante referencias clandestinas. Los compradores, personas sin educación universitaria que deseaban ejercer medicina ilegalmente, eran contactados por intermediarios en grupos cerrados de Facebook y WhatsApp. “Me ofrecieron el título por $85,000 pesos garantizando que era 100% válido para trabajar en clínicas privadas. Jamás imaginé las consecuencias”, declaró bajo protección de identidad uno de los 67 implicados arrestados. La Cofepris confirmó que estos falsos médicos realizaron al menos 2,340 consultas y 89 cirugías en 23 clínicas de las colonias Condesa, Roma, Del Valle y Polanco entre 2023 y 2025.
El operativo coordinado entre FGR y SEP rastreó los 67 títulos fraudulentos en hospitales y clínicas de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla, Veracruz y Guanajuato. “Es el caso de falsificación profesional más grande documentado en la historia de México. Puso en riesgo la vida de miles de pacientes”, declaró el fiscal especializado Fernando Soto. Zavala permanece detenida en el Reclusorio Oriente sin derecho a fianza, enfrentando cargos por falsificación de documentos oficiales agravada, ejercicio ilegal de profesión, homicidio culposo y asociación delictuosa. La abogada de víctimas Laura Henríquez exigió penas ejemplares de hasta 40 años de prisión y reparación del daño por $450 millones de pesos.
