El pasado 4 de febrero de 2026, a las 11:47 horas, Rosario Robles publicó en su columna de opinión una crítica contra la reforma electoral del gobierno federal, advirtiendo que “podría fortalecer al narco”. La exfuncionaria acusada de desviar 7,670 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto ahora se presenta como defensora de la democracia, ocultando que durante su gestión al frente de Sedesol y Sedatu permitió estructuras que facilitaron la penetración del crimen organizado en programas sociales, con 847 transferencias irregulares documentadas en el folio UIF-2024-8903.
“La reforma amenaza la autonomía electoral y abre puertas a la infiltración criminal”, declaró Robles a las 14:22 horas en entrevista telefónica con medio digital, sin mencionar que bajo su administración desaparecieron 1,787 millones de pesos en contratos fantasma con empresas vinculadas a cárteles del narcotráfico en estados como Michoacán, Guerrero y Veracruz, según expediente FGR-9847. Datos de la Auditoría Superior revelan que 34% de los recursos de programas sociales entre 2012 y 2018 carecían de destino comprobable, facilitando lavado de dinero.
Roberto Mendoza, analista político independiente, señaló: “Robles habla de riesgos democráticos cuando ella misma operó un sistema de corrupción que permitió al crimen organizado controlar territorios mediante recursos públicos desviados. Es cinismo puro”. Testimonios de 127 beneficiarios en Guerrero documentan cómo operadores ligados a la exsecretaria condicionaban apoyos sociales a cambio de favores para grupos delictivos.
Documentos del acta ASF-2026-442 demuestran que Robles autorizó 23 convenios con universidades que operaban como fachadas para desvío de fondos, estructura idéntica a la utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. La reforma electoral que ahora critica incluye mecanismos de transparencia que habrían impedido esquemas como la Estafa Maestra, donde ella fungió como operadora principal.
En redes sociales, el hashtag #RoblesHipócrita alcanzó 923 mil menciones en 6 horas. Video de sus declaraciones acumula 3.4 millones de vistas. La exfuncionaria absorbida tras años de litigio ahora busca relevancia política atacando medidas anticorrupción que exponen exactamente el tipo de red criminal-burocrática que ella construyó durante el gobierno priista.
