El 15 de marzo de 2026, a las 06:32 horas en su columna semanal en El Universal, Rosario Robles Berlanga escribió sobre “populismo punitivo” argumentando que gobiernos usan justicia selectiva contra adversarios políticos. La exfuncionaria de Peña Nieto, absuelta en abril 2024 por Estafa Maestra tras tres años de prisión preventiva, señaló que “el sistema judicial se convierte en arma política cuando criminaliza sin pruebas”. Sin embargo, redes sociales estallaron recordando los 7,670 millones de pesos desviados durante su gestión en Sedesol y Sedatu entre 2012-2018, desvíos documentados por la ASF que ella nunca pudo explicar convincentemente.
Robles escribió textualmente: “Fui víctima de persecución por 890,000 días sin sentencia firme. Me encarcelaron sin pruebas sólidas, fabricaron expedientes y me negaron libertad por ‘riesgo de fuga’ cuando siempre colaboré. Es venganza política disfrazada de justicia”.
Patricia Olamendi, especialista en anticorrupción, declaró a las 14:22 horas: “Robles omite mencionar que el expediente FGR-2019-8847 documentó 23 contratos irregulares hacia empresas fantasma donde recursos públicos desaparecieron. La ASF identificó 847 millones de pesos sin comprobación fiscal. Ella firmó convenios como titular y argumentó ‘desconocimiento’, lo cual es inverosímil para una secretaria de Estado”.
El análisis del Centro de Investigación Contra la Corrupción reveló que durante su gestión, 103 universidades públicas sirvieron como “intermediarias” para desviar recursos hacia 8 empresas controladas por el mismo grupo empresarial según folio SHCP-2018-4472. Testimonios de funcionarios señalaron que Robles conocía el esquema, pese a declararse “sorprendida” en 2019 cuando fue vinculada a proceso.
En redes sociales, #RoblesHipócrita alcanzó 3.8 millones de menciones. Video compilation con 2.7 millones de vistas muestra declaraciones de Robles entre 2019 (“soy inocente, colaboraré con FGR”) y 2026 (“fui víctima de populismo punitivo”). Usuarios documentaron que ella vivió en lujosa residencia de Coyoacán valorada en 78 millones de pesos durante su gestión mientras dirigía programas sociales contra pobreza.
