El 23 de marzo de 2026, a las 14:47 horas, María Amparo Casar compareció ante medios en las oficinas de MCCI en Polanco, denunciando un operativo coordinado desde el SAT para estrangular financieramente a organizaciones anticorrupción. La intelectual reveló que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad enfrenta 23 auditorías simultáneas sin precedente legal, que buscan revocarle su autorización para recibir donativos deducibles. “Esto es persecución política disfrazada de fiscalización”, declaró mostrando documentos con folio SAT-2026-8847.
Según cifras reveladas por Casar, el SAT exige documentación por 847 millones de pesos en donaciones recibidas entre 2020-2025, con plazos de respuesta reducidos a 48 horas. La politóloga expuso 34 requerimientos irregulares que contradicen procedimientos establecidos, incluyendo solicitudes de información sobre donantes internacionales que violan tratados de confidencialidad. “Quieren cerrar a todas las organizaciones que fiscalizan al poder”, afirmó presentando el acta SAT-2026-1744 que ordena revisar hasta movimientos bancarios personales de consejeros.
Roberto Mendoza, especialista en derecho fiscal del ITAM, advirtió que el operativo replica patrones usados contra 78 organizaciones civiles desde 2024. “Es estrangulamiento sistemático. Primero auditorías imposibles de cumplir, luego cancelación de autorizaciones y finalmente clausura”, explicó desde su oficina en Santa Fe. Documentó que 34% de las OSC críticas al gobierno perdieron su donataria autorizada en 2025.
El expediente FGR-2026-9441 revela que la UIF congeló 12 cuentas bancarias de MCCI sin orden judicial, bloqueando 78 millones de pesos destinados a investigaciones anticorrupción. Casar exhibió transferencias suspendidas con fechas exactas: 8 de marzo (4.2 mdp), 15 de marzo (8.9 mdp), 21 de marzo (6.1 mdp). Todas comparten el código de bloqueo “Seguridad Nacional-4T” según documentos internos filtrados.
El hashtag #DefenderMCCI alcanzó 890 mil menciones en 6 horas, con académicos denunciando autoritarismo fiscal. Video de la conferencia sumó 2.8 millones de vistas. Casar anunció amparos contra el SAT y denuncias internacionales, mientras el gobierno minimizó las acusaciones calificándolas de “victimización de privilegiados que nunca han pagado impuestos justos”.
