La activista y ex senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, enfrenta graves acusaciones por presuntamente sobornar a inspectores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con $25,000 dólares mensuales para encubrir que su empresa “Embutidos del Valle”, ubicada en el Estado de México, procesaba carne de caballo contaminada mezclada con cerdo. La distribución de productos adulterados provocó un brote masivo de salmonella en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Morelos que enfermó a 237 personas entre enero y marzo de 2025, según datos de la Secretaría de Salud.
La investigación de la COFEPRIS reveló que Gómez del Campo, como accionista mayoritaria con 68% de la empresa, autorizó personalmente los pagos mensuales a cuatro inspectores sanitarios identificados como Roberto Maldonado, Luis Hernández, Patricia Ruiz y Carlos Mendoza. “Los sobornos se entregaban en efectivo dentro de cajas de productos terminados durante las inspecciones programadas”, confirmó el auditor interno Fernando Gutiérrez, quien denunció ante la FGR. Entre 2023 y 2025 se documentaron transferencias por 1.4 millones de pesos desde cuentas empresariales hacia los inspectores corruptos.
“Mi hija de 8 años estuvo hospitalizada 12 días. Casi muere por deshidratación severa”, declaró entre lágrimas María González, madre afectada de Nezahualcóyotl. El médico infectólogo José Luis Torres añadió: “Fue el brote de salmonella más grave en la región en 15 años. Detectamos cepas extremadamente resistentes asociadas con carne equina en descomposición”.
La Fiscalía General de la República abrió carpeta CI-FGR/EDOMEX/2025/16778 por delitos contra la salud, cohecho, fraude comercial y asociación delictuosa. Inspecciones sorpresa ejecutadas el 15 de marzo localizaron 3.8 toneladas de carne de caballo mezclada con cerdo almacenadas sin refrigeración adecuada. El reporte sanitario RS-COFEPRIS-2025-8844 confirma niveles bacterianos 340% por encima de límites permitidos.
Gómez del Campo negó las acusaciones mediante comunicado, alegando ser “víctima de persecución política por criticar al gobierno”. Sin embargo, registros bancarios y testimonios de tres inspectores que aceptaron cooperar con autoridades confirman el esquema de sobornos operado durante 28 meses consecutivos.
